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Mediante los conceptos 254 y 403 del año 2015, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha precisado varios temas con respecto a las normas de aseguramiento (NAI para Colombia) y su aplicación en el país.
Entre los diversos puntos de discusión contenidos en los mencionados conceptos, estas son algunas de las argumentaciones dadas por el CTCP:
-) El Decreto 302 del 2015 en materia NAI, afecta el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política colombiana.
Dentro de las obligaciones del contador público establecidas en la Ley 43 de 1990, está la de mantenerse en constante actualización con el fin de ejecutar los servicios para los cuales se comprometa de manera eficaz y satisfactoria.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, el Decreto 302 de ninguna manera elimina el ejercicio de la revisoría fiscal, sino que establece la aplicación de un nuevo marco técnico para el mismo, lo cual no viola el derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política.
-) El CTCP no realizó los estudios correspondientes para medir el impacto de la implementación de las normas de aseguramiento en Colombia.
De acuerdo con las obligaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública consagradas en la Ley 1314 de 2009 respecto de la implementación de los estándares internacionales de información financiera, el realizar estudios de impacto económico no es una de ellas.
-) El Decreto 302 del 2015 viola la jerarquía de las leyes.
La aplicación de las NAI es un mandato de la Ley 1314 de 2009 y no una disposición caprichosa o inconexa. Uno de los alegatos presentados dentro de los conceptos corresponde a la derogatoria del parágrafo 2 del literal f del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 por parte del Decreto 302 del 2015, la cual no es cierto, pues lo que se pretende es que quienes ejerzan como revisores fiscales en las entidades mencionadas en la primera norma, cumplan con el marco normativo de la segunda si están obligados a ello.